El Gobierno resolvió mantener el pago de la PGU a cerca de 13 mil pensionados mientras se revisan posibles errores en registros de salidas del país informados por la PDI.
Una fuerte polémica se desató tras conocerse que cerca de 13 mil pensionados aparecían con la Pensión Garantizada Universal (PGU) suspendida por presuntamente haber permanecido más de 180 días fuera de Chile, requisito que inhabilita el beneficio según la ley vigente.
Varios afectados aseguraron no contar con pasaporte ni haber viajado fuera del país, lo que encendió las alertas sobre un eventual error en los registros migratorios utilizados para la revisión anual del beneficio.
Ante esta situación, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el Ejecutivo decidió no aplicar la suspensión y ordenar una investigación exhaustiva. “Lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos, para que las personas tengan tranquilidad”, señaló el Mandatario.
Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que los pagos de la PGU se mantendrán vigentes mientras se realiza una nueva revisión junto a los organismos competentes. La entidad aseguró que ninguna persona que cumpla los requisitos legales perderá el beneficio y que las notificaciones se realizarán por canales institucionales.
El IPS precisó que quienes debían recibir su pago en la primera quincena de enero lo obtendrán el lunes 19, mientras que los beneficiarios de la segunda quincena recibirán el monto en su fecha habitual.
En paralelo, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) no ha entregado declaraciones públicas. No obstante, fuentes internas señalaron que la institución evalúa los procesos de control fronterizo y elabora informes en coordinación con el IPS para esclarecer el origen del problema.
Un problema que no se puede repetir
En un comunicado, el IPS explicó que la revisión se enmarca en la Ley N° 21.419, que obliga a verificar anualmente el requisito de residencia. Según el organismo, el caso afecta a cerca de un 0,4 % del total de más de 2,2 millones de beneficiarios, porcentaje que actualmente se encuentra bajo revisión.
El episodio dejó en evidencia debilidades en los sistemas de cruce y validación de datos del Estado, especialmente cuando se trata de beneficios sociales sensibles que afectan directamente a adultos mayores. La falta de información oportuna, sumada al silencio inicial de la PDI, profundizó la incertidumbre entre los pensionados y expuso el riesgo de errores administrativos con alto impacto social.
El desafío ahora no solo pasa por corregir la situación puntual, sino por fortalecer los mecanismos de control, coordinación interinstitucional y comunicación, para evitar que fallas similares vuelvan a poner en duda la seguridad de derechos que el propio Estado garantiza.
