El Gobierno chileno reactivó un mecanismo de cobro que estuvo prácticamente inactivo desde 2017, poniendo en la mira a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos brutos superiores a $1,5 millones.
A través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se anunció que el Estado ejercerá todas sus facultades para perseguir estas deudas, marcando un giro en la política de baja persecución que caracterizó los últimos años. Según explicó Flavia Cilveti, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Uandes), una vez que el crédito entra en mora y se activa la garantía estatal, la Tesorería General de la República (TGR) puede exigir el pago mediante mecanismos administrativos y judiciales. Esto incluye retención de devoluciones de impuestos, compensaciones, y en última instancia, embargos y remates de bienes a través de juicios ejecutivos donde el deudor es requerido de pago y, si no responde, se procede directamente a la ejecución. La reactivación de este cobro impacta directamente a miles de profesionales que durante años no enfrentaron consecuencias por sus deudas estudiantiles.
