Un encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y los senadores de RN en medio del llamado del gobierno a suscribir un acuerdo nacional en materia de seguridad, molestó a los diputados del mismo partido y al resto de las colectividades de Chile Vamos.
¿La razón? En la oposición aún no están del todo convencidos de sumarse a la convocatoria con que el Ejecutivo espera contener la escalada de hechos de violencia que se ha observado en las últimas semanas, sobre todo luego de lo que consideran una serie de señales erráticas por parte de algunas autoridades, como la insistencia en una amnistía para los “presos de la revuelta” y el que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se hubiese excusado el domingo de señalar si el machi Celestino Córdova –condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay– era un preso político o un homicida.
En este sentido, uno de los análisis que se hace en los partidos de derecha es que la entrega de ayuda a un gobierno que está complicado en materia de seguridad no debiera ser totalmente gratuita, y que antes de sentarse a la mesa se debían exigir garantías en temas relevantes para el sector, como la aplicación del estado de excepción en las macrozonas norte y sur del país, y revertir la decisión del Ejecutivo de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social que se anunció los primeros días del mandato de Boric.
Así las cosas, según se señala en un artículo de los periodistas Luciano Jiménez, Isabel Caro y Rocío Latorre, a varios dirigentes de oposición les pareció que el acercamiento de los senadores RN con Boric resultó prematuro, toda vez que ni la coalición ni los partidos de forma individual han definido si concurrirán al acuerdo.
Pese a haber participado de la cita con Boric, el senador y timonel de RN, Francisco Chahuán, fue enfático en emplazar al Mandatario a terminar con las señales contradictorias. “No es posible que se promueva una agenda de impunidad y que, por otra parte, nos pida acceder a un acuerdo por seguridad”
El proyecto con que el gobierno busca disponer de las FF.AA. en el sur sin recurrir al estado de excepción
A pesar de la fuerte resistencia a decretar el estado de excepción de emergencia en la Macrozonar Sur, en el gobierno han asumido la necesidad de contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas para resguardar la región ante los graves episodios de violencia que se han registrado en el último tiempo.
En este escenario, el Ejecutivo ya trabaja en un proyecto –a cuyo borrador tuvo acceso La Tercera– para crear una nueva figura legal que permita disponer de las fuerzas militares.
Según un reporte de los periodistas Víctor Rivera y Leslie Ayala, la nueva institucionalidad se denominará “Estado de protección y resguardo constitucional”, el que, bajo el mando de una autoridad civil, permitirá recurrir al apoyo de las FF.AA. para proteger rutas y caminos indispensables “para el abastecimiento de la población y el transporte de personas” ante casos de “graves alteraciones a la seguridad o la libre circulación en vías que sean consideradas esenciales”.
El “Estado de protección” deberá ser declarado por un decreto firmado por el Presidente y los ministros del Interior y Defensa, debiendo establecerse qué tramos específicos de las rutas deben ser
