“Los familiares han denunciado que Brumar ha recibido autorización para que la nave Cobra, involucrada en la colisión que destruyó la embarcación de los siete pescadores artesanales de Constitución, pueda someterse a una especie de revisión técnica. Esto ocurre a pesar de que la nave se encuentra en un puerto seco, sometida a exámenes, y sabiendo con certeza que es la embarcación que colisionó a Bruma.
Esta consideración hacia los intereses de una empresa —permitiéndole una revisión técnica cuando la nave está en un puerto seco decretado justamente para realizar los peritajes necesarios que determinen responsabilidades y huellas de la colisión— contrasta con la falta de verdad y justicia que reciben los familiares.
Eso no es posible. ¿Por qué un trato diferente? Lo más importante es el deber que tiene la Fiscalía, su deber constitucional, de investigar con independencia qué pasó y quiénes fueron los responsables. Esto es un agravio, una ofensa a las víctimas. Para la empresa, todo; y para quienes exigen verdad y justicia —el mínimo derecho de toda persona víctima de un delito— aún no hay ningún pronunciamiento, pese al informe del fiscal del sumario administrativo, un fiscal de la Armada de Chile, sobre el que se ha conocido información que contendría un dictamen acerca de diálogos grabados que comprometen gravemente al capitán de la Cobra, e incluso imágenes.
Debemos ser serios y estrictos. No podemos minimizar lo esencial: el derecho de la familia a saber qué pasó realmente con sus seres queridos, que desaparecieron en el mar después de haber sido colisionados por la Cobra. La Cobra está a buen resguardo, en Puerto Seco. Y si mañana vuelve al mar, deberá en ese momento someterse a los exámenes que corresponda exigirle a las autoridades marítimas. Antes, no. Primero: verdad y justicia.”
