Proveedores de camiones aljibe retomaron la distribución de agua potable rural luego de compromisos de pago asumidos por el Gobierno.
La distribución de agua potable en sectores rurales del Maule se reanudó luego de dos días de paralización, tras un acuerdo alcanzado entre los proveedores de camiones aljibe y la Delegación Presidencial Regional del Maule. La suspensión del servicio respondió a deudas acumuladas que, en algunos casos, se arrastran desde 2022 y 2023.
Durante la jornada previa al acuerdo, siete camiones aljibe realizaron una protesta simbólica en la Plaza de Armas de Talca, haciendo sonar sus bocinas para visibilizar la falta de pago. Más tarde, representantes del gremio se reunieron con el Humberto Aqueveque, instancia en la que se estableció un cronograma de transferencias que permitió destrabar el conflicto.
El delegado reconoció retrasos administrativos y aseguró que “la próxima semana van a tener transferencia de recursos directos”, detallando que parte de la deuda supera los $400 millones, mientras que los compromisos correspondientes a 2025 ya se encuentran en proceso de tramitación.
Desde el sector proveedor, Ángel Cancino, encargado del abastecimiento en Talca, señaló que “vamos a volver con el servicio con la esperanza de que cumplan”, tras recibir la confirmación de disponibilidad presupuestaria. En la misma línea, Luis Correa, representante de Roa Muñoz SpA, indicó que el acuerdo permitió levantar la movilización para no seguir afectando a comunidades rurales de Pelarco, Pencahue, San Rafael, San Clemente y Curepto.
La situación también generó reacciones en el Congreso. El diputado Jorge Guzmán calificó el escenario como “desastroso e indignante”, afirmando que la morosidad estatal supera los $2.600 millones, lo que ha dejado a familias sin agua y a pequeñas empresas en riesgo financiero.
Paralelamente, la senadora Paulina Vodanovic intervino ante el Ministerio del Interior para asegurar recursos inmediatos. La parlamentaria confirmó que el Gobierno garantizó los pagos esta semana y llamó a los proveedores a restablecer el reparto para no seguir perjudicando a más de 500 familias que dependen exclusivamente de este suministro.
